Finally, who has to pay mortgage tax?

Poco nos imaginábamos hace unas semanas, cuando se publicó el primer flash informativo al respecto, que esta cuestión daría tantas vueltas. En una sentencia del 16 de octubre, el Tribunal Supremo declaró que el impuesto de las hipotecas tenían que pagarlo las entidades prestamistas (los bancos), doctrina que reafirmó en dos sentencias más relativas al mismo sujeto afectado. Días después, esta doctrina jurisprudencial quedó suspendida a expensas de la reunión del pleno del Tribunal Supremo. Como resultado de sta reunión, el 6 de noviembre, el Alto Tribunal rectificó i volvió a su criterio inicial, es decir, que el impuesto tenía que pagarlo el prestatario, quien recibía el préstamo.

Con esta última decisión, el Supremo cierra la puerta a las reclamaciones masivas que se auguraban en relación a los impuestos pagados en el pasado. A pesar de ello, todavía falta conocer el contenido de la rectificación y de cómo se justifica ésta respecto a las sentencias anteriores en sentido contrario. Todo ello ha provocado que determinadas asociaciones y diversos colectivos no hayan descartado emprender acciones legales para recuperar los impuestos pagados en años anteriores.

Más allá de todo el alboroto generado sobre la confianza en el poder judicial, después de la decisión definitiva del Supremo, el Gobierno ha decidido aprobar un Real Decreto-Ley con la finalidad de modificar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta modificación, que sólo se aplica a las hipotecas firmadas a partir del 10 de noviembre de 2018, establece que el sujeto pasivo es el prestamista, sin dejar lugar a la interpretación en sentido contrario.

Igualmente, el Gobierno ha aprovechado el mismo real decreto-ley para establecer que los bancos prestamistas quedarán exentos de pago cuando el prestatario sea una administración pública, una entidad sin finalidades lucrativas o la Cruz Roja, entre otros. Por último, pero no menos importante, se califica como no deducible en el Impuesto de Sociedades la cuota de actos jurídicos documentados pagada por los prestamistas en virtud de esta modificación, importe que, por tanto, tendrá que ser objeto de ajuste extracontable.

 

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