Circular 3/19: Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Hoy, 6 de marzo de 2019, entra en vigor el Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que fue aprobado el viernes pasado por el Gobierno y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Este Real Decreto deberá ser convalidado en un plazo máximo de 30 días hábiles por la Diputación Permanente, ya que las Cortes Generales han sido disueltas ante la convocatoria de Elecciones Generales.

Las principales medidas o modificaciones realizadas por el referido decreto pueden dividirse en las siguientes:

Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

  • Se amplía la duración mínima de los contratos de alquiler de vivienda, a cinco (5) años,  en caso de que el arrendador sea una persona física y a siete (7) años si el arrendador es una persona jurídica
  • Se amplía también la prorroga tácita de los contratos, pudiéndose prorrogar por plazos anuales hasta un máximo de tres (3) años
  • Se modifican los plazos de notificaciones entre las partes para el caso de que no exista voluntad de renovar o prorrogar el contrato de arrendamiento de vivienda, el arrendador debe comunicarlo al arrendatario con cuatro (4) meses de antelación. Por su parte, el arrendatario debe notificar su voluntad de no renovar con un plazo de dos (2) meses de antelación
  • La actualización de la renta durante la vigencia del contrato será como máximo la variación porcentual del IPC
  • Se mantiene la fianza de un mes para arrendamientos de vivienda y dos meses para arrendamientos distintos de vivienda. No obstante, en el caso de arrendamientos de vivienda es posible solicitar una garantía adicional, pero se limita a dos mensualidades de la renta
  • En el caso de enajenación de la vivienda arrendada, el adquirente deberá mantener el contrato de arrendamiento durante los cinco (5) años de duración mínima o siete (7) años en el caso que el arrendador anterior fuese una persona jurídica
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando éste sea una persona jurídica
  • Se regula una especial protección en los supuestos de subrogación de los contratos de arrendamiento, cuando quien pueda ejercitar tal derecho de subrogación sean personas de especial vulnerabilidad, menores de edad, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años.

Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (Comunidad de Propietarios)

  • Se regula la posibilidad de que la Comunidad de Propietarios, con una mayoría cualificada de 3/5 partes pueda adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de una vivienda, estableciendo la posibilidad de acordar una mayor contribución de estos al pago de los gastos generales (hasta un 20% más)
  • Se regula la obligatoriedad de realizar las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar la accesibilidad universal cuando las ayudas públicas a las que pueda tener acceso la comunidad alcancen el 75% del importe de las mismas.

Reforma del procedimiento de desahucio

  • En los supuestos que se inicie un desahucio y los Servicios Sociales confirmen una situación de vulnerabilidad social y/o económica se procederá por parte del Juzgado a la suspensión del procedimiento de desahucio, hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de un mes o de tres meses si el propietario es una persona jurídica
  • Los requerimientos judiciales deberán fijar el día y la hora exacta en el que se realizará el desahucio por parte de la comitiva judicial.

Medidas económicas y fiscales en materia de vivienda

  • Se habilita a los Ayuntamientos para que puedan establecer un recargo de hasta el 50% del IBI para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados
  • Se habilita a los Ayuntamientos para que puedan regular bonificaciones de hasta el 95% del IBI para los inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con reta limitada por una norma jurídica
  • Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente. Es decir, se elimina el pago del ITP por parte del arrendatario en cualquier CCAA.

Creación de un Sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda

Se elaborará en el plazo de ocho meses, con efectos meramente informativos y para garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado de alquiler de viviendas, un sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler de vivienda, que se ajustará a las siguientes reglas:

  1. Se publicará en el BOE
  2. Se utilizarán datos procedentes de la información disponible en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el Catastro Inmobiliario, Registro de la Propiedad, registros administrativos de depósitos de fianzas, así como otras fuentes representativas del mercado de alquiler de vivienda
  3. Se ofrecerá anualmente la relación de los valores medios de la renta mensual en euros por metro cuadrado de superficie de la vivienda, agregados por secciones censales, barrios, distritos, municipios, provincias y comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia para poder diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda.

 

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