El final de la discriminación de los no residentes respecto al impuesto de sucesiones en España

La potestad legislativa de las diferentes Comunidades Autónomas alcanza varias materias, entre las que se incluyen los impuestos. Así, por ejemplo, aunque exista una Ley estatal sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) aprobada por el Congreso de los Diputados, cada Comunidad Autónoma ha adoptado leyes y decretos que han aumentado los beneficios fiscales de este impuesto, reduciendo la carga impositiva respecto de la Ley estatal. Esto implica que existen diecisiete regulaciones diferentes que dependen del lugar de residencia del testador o del donatario. La discriminación tenía lugar cuando el testador o el donante vivían fuera de España, siempre y cuando los bienes estaban situados en España o los sujetos pasivos vivían en España. Estos últimos no podían beneficiarse de ninguna regulación autonómica y se veían obligados a calcular las cuotas del impuesto según la Ley estatal, lo que provocaba cuotas más elevadas y, por tanto, una clara discriminación hacia los no residentes.

En el año 2014, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que los diferentes tratamientos del ISD constituían una restricción a la libre circulación de capitales. Como consecuencia, el Congreso aprobó una modificación de la Ley estatal para adecuar el ISD a las directrices de la Unión Europea. La modificación permitió a los no residentes aplicar la regulación autonómica –con mayores beneficios fiscales que la estatal– pero únicamente si eran residentes en otro país de la Unión Europea.

Ahora, en 2018, dos sentencias del Tribunal Supremo han establecido que el tratamiento fiscal para no residentes aún violaba las directrices de la Unión Europea. Por eso, todos los no residentes sujetos al ISD ya pueden aplicar las reducciones autonómicas, lo que ha significado el final de la discriminación y ha abierto la puerta a reclamar la devolución de las cuotas satisfechas en el pasado.

A modo de conclusión, hay que tener en cuenta que, además de aplicar la nueva interpretación en futuras herencias y donaciones, es importante subrayar que Hacienda deberá devolver las cuotas pagadas durante el período legal, es decir, los últimos cuatro años. Para conseguir esta devolución de cuotas e intereses de demora (aproximadamente el 4% anual), el no residente debe presentar una reclamación amparándose en las sentencias anteriores. Actualmente, por el gran número de reclamaciones, Hacienda está tardando entre uno y dos años en proceder a la devolución.

Victor de Castro Esteller

Abogado fiscalista

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Publicado en XLNC Magazine

 

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